Ciudad del Este: Entre la ostentación y la vulnerabilidad de la pobreza

Detrás de las grandes tiendas comerciales del microcentro esteño se encuentran los barrios San Antonio, San Agustín y San Rafael; desde sus escuelas ubicadas en elevaciones de terreno pueden observarse las mansiones del condominio privado Paraná Country Club y el inmenso Río Paraná. El Director de una de las escuelas locales comentó que un cuestionado ex Ministro de Educación le reclamó alguna vez que un aula tuviera los vidrios rotos; obviando que el propio Ministerio y la Municipalidad no tienen recursos suficientes y es casi siempre el Director, con su ínfimo sueldo, quien debe cubrir los gastos o pedir ayuda a padres sumidos en la pobreza. 
Al preguntarle sobre alimentación escolar, el Director mencionó: 

“Yo puedo tener un proyecto y me va a venir la plata pero en 3, 4 años. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el almuerzo escolar, qué hago si ya no tengo?. No le puedo tener acá a mi hijo sin comer y ya no va a venir a estudiar mi alumno.” 

Desde la creación del FONACIDE en el 2012, estos fondos fueron administrados principalmente por las intendencias de Sandra McLeod de Zacarías y la de Miguel Prieto. McLeod de Zacarías administró casi el doble de recursos del FONACIDE que Prieto. Aún así, la cantidad de instituciones educativas beneficiadas y las inversiones en infraestructura y alimentación escolar son bastante similares. Esto no implica mejor o peor inversión porque no son, en su vasta mayoría, intervenciones integrales de infraestructura y no se ha hecho control de calidad de las mismas.

Durante la administración McLeod existieron escuelas mimadas con obras, mientras las más necesitadas no recibían recursos del FONACIDE. También se constataron obras en escuelas fantasmas y desaparición de dispositivos de lectura comprados con el fondo nacional. Tal vez una de las irregularidades más graves detectadas por reAcción es que extractos bancarios de las cuentas del FONACIDE, datos de la Secretaría de la Función Pública y Contrataciones Públicas sugieren claros indicios de que en el 2012 Sandra Mcleod de Zacarías usó USD 200 mil del fondo nacional en salarios y canastas de navidad para funcionarios públicos. Pese a la evidente irregularidad, la ex intendente goza de impunidad y no fue sancionada por ningún ente. La Junta Municipal no hizo nada para mejorar la inversión o reducir la corrupción en el uso del FONACIDE aunque tuvieron toda la evidencia necesaria.

En el 2019, la Interventora de Ciudad del Este, Dra. Carolina Llanes, adjuntó una copia física del reporte anual de reAcción a su informe final dirigido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En él se expusieron varias irregularidades de la administración McLeod Zacarías en la inversión de los recursos del FONACIDE. Esa intervención culminó con la destitución de la ex intendente y de casi 17 años de administración municipal de un clan.

La gestión de Miguel Prieto inició con señales mixtas. No priorizó la inversión en infraestructura educativa desde el principio, realizando primero costanera y empedrados pese a tener recursos del FONACIDE para obras en escuelas. En el 2021 la administración Prieto invirtió Gs. 14.500 millones por la vía de la excepción: 7 veces más que en todo el período del clan McLeod de Zacarías. La vía de la excepción es un mecanismo de licitación pública contemplado para utilizar en urgencias; se reducen los tiempos y con esto la transparencia lo que a su vez limita la competencia de oferentes e incrementa la vulnerabilidad a la corrupción. Esta vía no debería utilizarse simplemente por negligencia en la planificación adecuada de tiempos para licitaciones con recursos del FONACIDE.

Durante la era Prieto solucionar el problema de la falta de agua en las instituciones educativas fue uno de los más insistentes reclamos a las autoridades municipales en el Consejo Distrital de Educación. Las escuelas de Ciudad del Este sufren por la falta de agua hace más años de los que Miguel Prieto es intendente. Él conocía este problema desde antes pero aún así recién luego de tres años del inicio de su gestión y con dos años de atraso se adjudicaron contratos para paliar este problema en algunas escuelas de la ciudad. Solo en el 2023 fueron 47 las instituciones educativas esteñas que solicitaron pozos a través de los procesos establecidos de microplanificación.

La Municipalidad utilizó recursos propios además del FONACIDE e incluso así solo logró contemplar a 20 escuelas con estas obras.

Prieto mejoró al seguir el listado oficial de las escuelas más necesitadas para invertir con FONACIDE. Aún así, existen casos como los de la Escuela 975 San Miguel que ya recibió obras con el fondo pero estas inversiones fueron insuficientes para construir murallas y un aula para el nivel inicial. Debido a estas carencias parte del techo de un aula cayó a centímetros de un niño y un hombre extraño invadió el baño de niñas. Casi milagrosamente las consecuencias de estos incidentes no fueron graves.

Por otro lado, Prieto abrió las puertas del Consejo Distrital de Educación a la sociedad civil organizada e invitó a reAcción a una Mesa de Trabajo Intersectorial con la Junta Municipal, el Consejo Distrital de Educación y la Unidad Operativa de Contrataciones; de modo a colaborar en la búsqueda de soluciones para la mejora de la administración de recursos destinados a educación. Esta apertura permitió que en el 2022 por primera vez se realice un concurso para el cargo de Dirección de Educación de la Municipalidad y desde el 2019 hasta el 2022 se transparentaron las sesiones del Consejo. Esta ventana de transparencia en el Consejo se cerró entre el 2022 y primer semestre del 2023, la intendencia debe garantizar que la misma continúe siempre abierta.

Pese a que Ciudad del Este es el municipio que más dinero del FONACIDE recibió en todo el país, tal fondo es insuficiente para cubrir todas las carencias de sus escuelas. La cooperación del sector privado a través de la responsabilidad social empresarial es de gran valor, sin embargo también debe garantizarse la adecuada recaudación de impuestos para que la Municipalidad tenga autonomía en utilizar más recursos propios en infraestructura pública de calidad.