Un muro perimetral con pequeñas grietas a poco de terminarse, el piso del escenario ampliado tras una adenda con curuvicas y el piso del estacionamiento en pésimo estado quedaron tras tres años de obras financiadas por el municipio asunceno con el Fonacide en la escuela básica Nº 19 República Oriental del Uruguay, ubicada a metros del memorial del Ykua Bolaños en el barrio Trinidad.
Una década después de la promulgación de la ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en la escuela trinidense siguen sin finiquitar la firma final de las obras que alcanzaron más de G. 1.132 millones desde el 2019 hasta principios de este año.
Las construcciones de sanitarios, comedor y el mejoramiento de aulas para la Escolar Básica debieron culminar en diciembre del 2019, justo antes de la pandemia del Covid-19, pero en ese momento la obra “estaba en pañales”, cuenta la directora Celia Ayala de Velázquez.
Además del excesivo retraso en las construcciones, se presentó una adenda para dos trabajos más a ejecutarse: La elevación de un muro perimetral en el sector del nivel Inicial y la ampliación del tinglado y el escenario del patio principal del establecimiento. Esta adenda fue confirmada recién hacia finales del año pasado por la comuna capitalina.
Pero, meses después estos trabajos ya muestran algunas imperfecciones que fueron alertadas por la dirección del local educativo.
La pintura del piso del escenario que fue culminada hace poco ya presenta curuvicas. “Eso ya le avisamos también (a la empresa adjudicada Caldetec Ingeniería S.R.L.), estamos esperando que vengan a reparar de vuelta esa parte”, indica la directora.
En febrero del año pasado se realizó una inauguración simbólica con la terminación de las salas de clase y los sanitarios, pero luego pasaron cosas. Un día de clase se encontraron con una filtración en uno de los baños que en ese entonces recién se habían instalado. El agua filtraba descendiendo hacia los corredores donde pasaban estudiantes y profesores.
“No paramos de insistir, llamando una y otra vez a la empresa que no quería reconocer su error”, expresa la docente Lilia Laconich, del primer grado, integrante del Equipo de Gestión Institucional Escolar (EGIE) . Luego de tanta insistencia, finalmente la filtración se solucionó.
Otro problema se dio cuando los obreros de la constructora adjudicada terminaron todas las tareas. La firma privada utilizó el patio lateral como depósito, depositando todo tipo de materiales en el sitio. A la larga y después de tanto tiempo, estos insumos destruyeron parte del piso que ahora es utilizado como estacionamiento en el República del Uruguay.
Dificultad
La directora Ayala cuenta que es muy difícil trabajar con las empresas constructoras que tienen obras en las escuelas públicas. “A nosotros se nos vino la pandemia encima. El trabajo se postergaba, cambiaban a cada rato a los obreros y tenía que venir a controlar todos los días”.
Expresa que este control era necesario porque toda responsabilidad recae siempre sobre los directivos de los locales educativos. “Si una teja se cae yo soy la responsable por permitir esta situación, así les explicaba”, agrega.
Sobre el piso donde era utilizado el depósito, comenta que intentaron que la empresa se haga cargo de las refacciones, por lo menos a través de una adenda de las obras del Fonacide. Pero, les dieron a elegir entre el tinglado y el escenario o el patio.
“Ahora estamos en una tarea de trabajo y conversaciones con los padres para poder arreglar nosotros mismos esa parte que quedó así con los pisos rotos”, apunta.
Solo desde el nivel Inicial hasta el noveno grado asisten 600 niños, niñas y adolescentes asisten al centro educativo, que cuenta con el programa de Jornada Escolar Extendida, con clases diarias continuadas de 07.00 a 15.00. A inicios del curso lectivo contaban con 700 matriculados, pero por la implementación de la jornada extendida, las familias de 100 alumnos decidieron cambiarse de institución porque “no aguantaban” este horario.
Cientos de estudiantes asisten además al turno noche donde ofrecen Educación Media y otros cientos acuden los sábados para el nivel de Educación Permanente para jóvenes y adultos. Celia Ayala de Velázquez estima que un total de 1.200 estudiantes van a clases todas las semanas.
Larga espera
El colegio Juan Ramón Dahlquist del populoso barrio Ricardo Brugada figuraba como segundo en la lista de priorización del 2021 para contar con obras de infraestructura, según se puede observar en la herramienta FOCO, de la organización reAcción, que registra, analiza y controla las inversiones de recursos del Fonacide en municipios como el de Ciudad del Este, Encarnación y Asunción.
Desde los inicios del Fonacide en el 2012, también enviaron incontables notas con pedidos al municipio capitalino, pero pese a figurar entre los primeros de la lista de colegios priorizables, la comunidad educativa no cuenta con novedades desde la comuna capitalina, comandada por el intendente Óscar Nenecho Rodríguez y su jefe de Gabinete, Federico Mora.
En octubre del 2022, el municipio llamó a licitación para la construcción de obras en este y otros dos colegios públicos por una suma superior a los Gs. 10.000 millones, a la par que anunciaban un supuesto acuerdo con el Ministerio de Hacienda para el financiamiento de una deuda pendiente para poder recibir nuevamente recursos del Fonacide.
No obstante, las conversaciones se truncaron y desde la municipalidad cancelaron el llamado a licitación pública, según consta en el sitio de Contrataciones. El impasse con la cartera financiera se da desde el 2019.
En la parte de las aulas del frente del colegio, el deterioro también es notorio. Incluso algunos pizarrones están carcomidos y apenas cuentan con espacio para las anotaciones de las docentes. Las mesas que utilizan las profes también están con la pintura rasgada y los bordes de la madera astillada y rota.
Las paredes de las aulas presentan igualmente pinturas rasgadas y algunos parches de cemento para evitar que la situación empeore. Algunas salas ni siquiera cuentan con ventanas, lo que hace imposible la instalación de equipos de aire acondicionado – que fueron donados al establecimiento -, para los días de intenso calor.
En riesgo
De acuerdo al último informe del MEC sobre infraestructura escolar (2022), 820 instituciones educativas cuentan con una o más aulas en peligro de derrumbe. Ya en el período de gobierno anterior, tras una larga presión de gremios estudiantiles secundarios, se declaraba una emergencia educativa en este ramo en todo el país.
Son en total 12.455 las aulas en mal estado o en riesgo de caer, según el documento que fue remitido al Congreso Nacional el año pasado. Unas 147 instituciones no tienen electricidad y 163 locales educacionales ni siquiera cuentan con acceso a agua potable.
Del total de escuelas, 73 no tienen sanitarios y en 444 tienen apenas letrinas como baños.
“De los 7.105 locales escolares de gestión oficial, el 45% requiere intervenciones de aulas por motivo de peligro de derrumbe y/o mal estado”, indica el reporte oficial. Los directores ya ponen en duda estas cifras del ministerio. Últimas declaraciones de Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), aseguran que el 50% de las escuelas y colegios son las que requieren de intervenciones por estas causas.
