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La pandemia COVID-19 incrementó dramáticamente la demanda de servicios en el sistema de salud público paraguayo caracterizado por su precariedad. La disponibilización de siderales montos públicos para enfrentar dichas necesidades precisó la ejecución urgente de recursos, lo cual requirió la reducción de los tiempos y controles en las contrataciones públicas. El objetivo fue dotar al sistema de salud, tan pronto como sea posible, con los insumos necesarios para combatir la pandemia. Sin embargo, a 9 meses del inicio de la crisis ¿existen diferencias entre las contrataciones públicas del Ministro Julio Mazzoleni pre y post-inicio de la pandemia COVID-19? Esto es, ¿los mecanismos para una acelerada ejecución de recursos con menor posibilidad de monitoreo resultaron en mayor inversión comparado al año pre-pandemia?
[Al resumen ejecutivo le acompañan sólo 8 de un total de 20 gráficos basados en los datos analizados, cuya lista y fuente se encuentran en la sección metodológica del texto completo]
Resumen Ejecutivo
El Ministerio de Salud fue incapaz de ejecutar los recursos de emergencia a ritmo de emergencia. La ejecución mensual y anual promedio del presupuesto vigente no aumentó como se esperaría al disponer de recursos adicionales y procedimientos acelerados de contrataciones. De hecho, la administración Mazzoleni ejecutó recursos al ritmo de un año promedio y normal. Esta situación cuestiona la priorización de inversión necesaria para que el ministerio pueda utilizar al máximo sus recursos disponibles.
La administración Mazzoleni ha hecho menos contrataciones durante la emergencia sanitaria comparado al 2019. Aún disponiendo de modalidades de contrataciones expeditas que reducen el tiempo en los controles de los procesos licitatorios, el Ministerio de Salud no realizó contrataciones en números mayores al período previo. La incapacidad de contratar en números suficientes disponiendo de procesos excepcionales interroga la necesidad de mantener dichas modalidades expeditas de contratación y sus riesgos.
El Ministerio de Salud intentó enmendar sus retrocesos en transparencia pre-COVID-19. En 2019 desaparecieron plataformas y herramientas de transparencia del ministerio que hubieran sido claves al inicio de la pandemia. Desde entonces, la administración Mazzoleni ha creado dos portales para facilitar datos e informaciones relevantes. Dichas plataformas pueden mejorarse para potenciar la transparencia necesaria en el siguiente período.
Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud fue más lento en todos los tipos de licitaciones utilizadas. La modalidad de contrataciones por excepción diseñada para acelerar las compras públicas en emergencia terminó siendo más lenta durante la pandemia que en tiempos normales. Aunque el ministerio ha tenido experiencia previa realizando contrataciones por excepción, irregularidades fueron detectadas en 65 procesos.
La contratación de nuevos funcionarios dentro del Ministerio de Salud ha sido muy lenta y se ha concentrado en licenciados de blanco, médicos y personal de servicio. Datos de la Secretaría de la Función Pública indican que las nuevas adiciones se realizaron recién entre agosto y octubre. Además, aunque incrementar el personal de blanco claramente es la prioridad, también es necesario más personal administrativo que permita ejecutar con eficiencia un monto superior de recursos que se traduzca en productos y servicios que la ciudadanía precisa con urgencia.
La corrupción, la incapacidad y la incompetencia son distintas. La presencia de las últimas dos facilitan la expansión de la primera. El espacio para la corrupción aumenta en relación directamente proporcional a la precarización de la capacidad institucional. El Ministerio de Salud necesita invertir más y mejor en incrementar la capacidad de sus equipos administrativos y de contrataciones para lograr dos objetivos entrelazados: ejecutar mejor una mayor cantidad de recursos y proteger los recursos del ministerio de la corrupción que la acecha. El mismo equipo que ejecuta, en promedio, cerca del 80% de su presupuesto vigente anual no podrá ejecutar un monto casi 50% superior como resultado de los recursos de emergencia COVID-19.
Esta investigación fue financiada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) a través del proyecto SOS Paraguay: Emergencia de Transparencia, liderado por reAcción Paraguay.
Las ideas presentadas en este trabajo son propias de los autores. El contenido de la obra no refleja necesariamente las opiniones del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), los miembros de su personal o su consejo directivo.
